Resistencia

Declaración del Congreso de Tierras, Territorios y Soberanías

La Madre Tierra es de quien la cuida, los territorios son de los pueblos, la soberania es popular
Declaracion del Congreso de Tierras, Territorios y Soberanias


11.500 delegadas y delegados de las organizaciones campesinas y de trabajadores y trabajadoras del campo y las ciudades, de los pueblos indígenas y afrodescendientes, de pobladores urbanos, las organizaciones de víctimas de crímenes de Estado y de víctimas del desarrollo capitalista, nos hemos reunido en Cali entre el 30 de septiembre y el 4 de octubre de 2011 en torno de la defensa de la vida y de la Madre Tierra, para ratificar nuestra voluntad de trabajo y movilización conjunta, y continuar el proceso de legislación propia sobre el territorio. 

1. Hemos venido a defender la vida y la Madre Tierra. Hemos comprobado que la única opción de vida no es el consumismo, la adicción al petróleo, la destrucción de la naturaleza y la economía impulsada por la guerra. Los aquí presentes ya venimos construyendo la alternativa: territorios gobernados por las comunidades, relaciones sociales y de trabajo equitativas e igualitarias, economías sustentables donde impera el uso respetuoso de los bienes de la naturaleza, decisión autónoma sobre la producción de alimentos, 

Lamentamos que el gobierno y algunos medios de comunicación insistan en señalar que estos propósitos, y las movilizaciones que realizamos para concretarlos, sean amenazas terroristas. Como ha dicho el editorial de El Tiempo del 3 de octubre, hay un aumento sensible de la movilización popular; pero se equivoca al ver que tras estas acciones está la presencia insurgente. El uso rutinario del señalamiento les impide ver que detrás de la movilización social en realidad está la respuesta indignada de la gente frente a la destrucción de la naturaleza, la invasión de los territorios por las industrias extractivas, el despojo de los bienes naturales, la continuidad de una estructura agraria inicua --denunciada estos días en el Informe de PNUD. 



2. Dos tesis hemos confirmado: la profunda inequidad del sistema político y socio-económico que rige a Colombia, y la oposición del bloque político en el poder para transformar ese modelo y reformarse a sí mismo. Por el contrario: el país sigue secuestrado por las mafias y la parapolítica, y las acciones que el gobierno nacional dice realizar para enfrentar estos sectores evidencian que no irá a la raíz del problema --la persistencia del latifundio armado y la alianza de éste con la oligarquía industrial y financiera--, y por el contrario utilizará la justa aspiración social de combatir el paramilitarismo y el despojo de tierras, para ajustar aún más el modelo territorial a los requerimientos del capital. 

Esta certeza ratifica lo que venimos diciendo de tiempo atrás. Que no será en los espacios de la institucionalidad donde los sectores populares encontraremos la respuesta a nuestras exigencias por los derechos; que nos ha tocado legislar y actuar por nuestra propia cuenta para garantizarlos; que debemos ir más allá de ser oposición política, y construir por nuestro lado y a nuestro modo el país que soñamos y queremos. Nuestra intervención en espacios gubernamentales para exigir el cumplimiento de las obligaciones del Estado frente a los derechos humanos, solo tiene sentido si al mismo tiempo en las comunidades construimos gobierno propio y fortalecemos nuestra capacidad de ordenar la vida y el territorio. 

3. El conjunto de las medidas legislativas y de políticas que los últimos gobiernos vienen impulsando o pretende llevar a cabo --la conversión de Colombia en una mina a cielo abierto, la imposición de las llamadas “locomotoras del progreso”, la entrega del campo a las Zonas de Desarrollo Empresarial, la adjudicación del país a la industria minero-energética, el estrangulamiento de los ríos y las aguas, en suma, volver a Colombia una zona franca de 200 millones de hectáreas,-- no es otra cosa que la agenda del capital nacional y transnacional, y se sintetizan en lo que podemos llamar la “privatización de los territorios”, es decir, quitarle a la sociedad y los pueblos el derecho de ordenar y gobernar sus espacios de vida y entregárselos al capital privado. 

Cada una de las luchas que nuestros pueblos vienen dando los últimos meses, son para enfrentar este despojo. En Santurbán (Santander) para que las decisiones sobre el agua las adopten las comunidades que la beben; en el Quimbo (Huila) e Hidroituango (Antioquia) para que la elección entre comida para las comunidades o energía para las transnacionales sea una decisión de los pobladores y no de las burocracias al servicio del capital; en Puerto Gaitán (Meta) para restituir al país el patrimonio del subsuelo; en La Toma (Cauca) para que las comunidades afrodescendientes sigan mandando sobre sus fuentes de vida; en La Colosa (Tolima) para seguir siendo los dueños de su agua y de su vida; en el norte del Cauca indígena, para que el TLC con los Estados Unidos no despoje a los pueblos de su autonomía alimentaria; en Bahía Málaga (Valle), Bahía Solano (Chocó) y Bahía Portete para que los puertos no destruyan la base alimentaria de las comunidades; en San Andrés para que los raizales no sean desterrados en su propia tierra; en las grandes ciudades para que las zonas francas y los puertos secos no sean sitios prohibidos para la población; en Teorama y El Tarra para impedir que la Madre Tierra sea profanada. Cada una de estas luchas populares son para impedir la desterritorialización y el despojo. 

4. Aunque víctimas del desarrollo y del despojo, nuestras comunidades han pasado a ser defensoras de la soberanía que el Estado -que debería ser su garante- ha abandonado en la feria de la “confianza inversionista”. La reactivación de las luchas sociales populares en Colombia se vienen dando justo por el camino de defender la Madre Tierra, los territorios y la soberanía nacional. 

Se trata de una dinámica similar en todo el mundo. La captura de los Estados por los intereses privados ha despertado una ola de indignación en Europa, Suramérica y los Estados Unidos contra el despojo de la economía y la vida pública. Todos ellos reclaman, igual que nosotros y nosotras, el derecho de dirigir sus vidas, sus economías y sus países. No dudamos en decir que somos parte de ésos, los indignados y las indignadas del mundo. 

5. Los pueblos, organizaciones y procesos asistentes hemos adoptado 7 mandatos temáticos, 10 macroregionales y un Mandato de Mandatos sobre Tierras, Territorios y Soberanías. Se trata de compromisos serios en la construcción del nuevo país, adquiridos por organizaciones y procesos que asumimos la responsabilidad de realizarlos. Entre ellos consideramos de vital importancia los siguientes: 

  •  Consolidar la unidad del movimiento y las organizaciones populares para cuidar a la Madre Tierra, defender los territorios y consolidar la soberanía popular. El espíritu unitario y fraternal que nos ha acompañado en este Congreso, tendrá que converger en un gran Movimiento Social y Popular por la Tierra, el Territorio y la Soberanía. Un primer paso es la conformación de un espacio de coordinación de los procesos que nos sumamos a estos mandatos.

 

  • El segundo mandato general es cuidar la Madre Tierra y reconocerle sus derechos. Quien no cuida la Madre Tierra no la merece. Y no la merecen los que destruyen las fuentes de agua para explotar oro o petróleo. Este Congreso ha mandatado prohibir la gran minería y la explotación petrolera desaforada. En consecuencia, ha declarado no grata e ilegal la presencia en nuestros territorios de la Anglo Gold Ashanti, la BHP Billiton, Xtrata, Pacific Rubiales, Cosigo Resources, Smurfitt Kappa, Cemex, Medoro Resources, Grey Star (hoy Eco Oro Minerals Corp) y Unión Fenosa, por su participación directa en agresiones a las comunidades y territorios, y su atentado sistemático a la soberanía nacional. Les notificamos que acudiendo al derecho ancestral de indígenas y afrodescendientes, a los derechos de los pueblos y de la Madre Tierra, al derecho a la vida y paz, y a las normas constitucionales y del derecho internacional de los derechos humanos, realizaremos las acciones que correspondan para impedir su presencia, para que salgan del país y sean sancionados.

 

  • El tercer mandato es realizar –como organizaciones sociales populares-- todas las acciones políticas civiles para construir un camino hacia la solución política del conflicto armado. La guerra en nuestros territorios altera profundamente la armonía de las comunidades y de la naturaleza, y no es posible esperar mejoras en los derechos humanos si el conflicto continúa. El derecho a la paz solo se cumplirá si la realizamos nosotros y nosotras mismas con la resistencia a la guerra, la exigencia a los actores armados para que respeten el derecho humanitario --en especial la oposición a que el cuerpo de las mujeres sea utilizado como botín de guerra--, y las acciones directas de desmilitarización de nuestros territorios. El pueblo colombiano y todas sus expresiones sociales adoptaremos una agenda de diálogos nacional y regionales en el Congreso Nacional de Paz que tendrá lugar el próximo año, al cual nos convocamos.

 

  • El cuarto mandato general es profundizar la liberación de la Madre Tierra y la realización participativa de la reforma agraria. No permitiremos que en el lugar de los grandes latifundios del narcotráfico y el paramilitarismo, que deben ser desmantelados, se instale el gran latifundio de los conglomerados agroindustriales. Por el contrario, esas tierras –robadas en cientos de años a indígenas, campesinos y afrodescendientes-- deben restituirse a nuestras comunidades. Ocuparemos pacíficamente lo que por historia y por derecho nos pertenece; y allí donde se puedan presentar diferencias sobre los derechos territoriales de cada pueblo o sector, acudiremos a los principios de la unidad y el respeto interétnico para resolverlas.

 

  • El quinto mandato general es constituir a las organizaciones sociales y comunidades como protectoras del agua. Desde el ejercicio del gobierno propio y autoridad, abordaremos el manejo, gestión y protección de las fuentes de agua, confrontando su privatización y degradación producto de la expansión de la frontera agropecuaria y minero-energética y el desarrollo de megaproyectos que amenazan su disponibilidad.

 

  • El sexto mandato general es construir una economía propia y articulada de los pueblos, no supeditada al mercado global, que garantice la soberanía y autonomía alimentarias y los saberes asociados a las semillas, las plantas y los alimentos. Vamos a fortalecer las prácticas de producción, transformación, intercambio y consumo culturalmente apropiadas, socialmente justas y en armonía con la vida; no utilizaremos ni permitiremos agrotóxicos y transgénicos; impediremos la presencia de los agrocombustibles, plantaciones forestales y otros monocultivos que amenazan nuestra soberanía territorial y alimentaria.
  • El séptimo mandato es realizar una reforma de territorial del país que contenga un ordenamiento territorial urbano popular democrático de las regiones reconociendo la diversidad y las diferencias tanto de pueblos que habitan al interior de los territorios urbanos, como entre las ciudades de Colombia.
  • El octavo mandato general es emprender todas las acciones necesarias hasta que los responsables intelectuales y materiales del exterminio contra nuestros pueblos sean juzgados. Recogemos las semillas de vida, memoria, verdad, justicia y reparación, sembradas por las luchadoras y luchadores populares en la defensa de la vida y de la Madre Tierra, y víctimas de este conflicto.
  • Los niños y niñas presentes en Congreso han aprobado un mandato adicional: debemos consolidar espacios para que deliberen y sus aportes sean tenidos en cuenta. El futuro del territorio está en peligro si no despertamos sus corazones y sus conciencias para que lo defiendan. Obedeciendo su palabra mayor, generaremos siempre los espacios donde los niños y niñas de nuestros pueblos puedan pensar y construir el país de sus sueños.

Éstos son los mandatos de los pueblos y las organizaciones populares. Los cumpliremos. Nos movilizaremos en calles y campos para hacerlos realidad. Llamamos a todos y todas a comprometerse con ellos, a la intelectualidad a sumarse a esta construcción de país, a los partidos políticos populares a acatarlos. 

Cansados de obedecer. Cansados de ser consultados mientras otros deciden. Queremos gobernar. ¡Vamos a gobernar en nuestros territorios! 

La Madre Tierra es de quien la cuida, los territorios son de los pueblos, la soberanía es popular 

Cali, octubre de 2011

Manifiesto de la IV Minga Global por la Madre Tierra

Manifiesto de la IV Minga Global por la Madre Tierra 


¡Por los Derechos de la Madre Tierra! 
¡Por el pleno ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas! 
¡Contra la imposición de las actividades extractivas 
(minera, petrolera, forestal)! 

Hace 519 años, la invasión europea a nuestro continente, el Abya Yala (hoy conocido como América), interrumpió abruptamente la vida de nuestras civilizaciones, que sabíamos convivir en diálogo y armonía con la Madre Tierra. Empezó la era del saqueo, la depredación, el exterminio físico y cultural. Cinco siglos más tarde, la política neoliberal se impuso en el mundo como la nueva colonización y la guerra de exterminio contra los pueblos indígenas cobró nuevas fuerzas. 

Ese modelo neoliberal está ahora en crisis: económica, financiera, política, climática. Los paradigmas de libre mercado y Estado uninacional se derrumban. Las catástrofes climáticas (sequías, huracanes, inundaciones, heladas) se multiplican, golpeando a los más pobres. Y los responsables, con su consumismo extremo y su dependencia de los combustibles fósiles, aquellos que emiten los mayores volúmenes de gases de efecto invernadero, dan como única respuesta la mercantilización de la naturaleza a través de las falsas soluciones (REDD, economía verde, mercado de carbono, mecanismos de desarrollo limpio, etc.). 



Porque es en nuestro continente donde está la mayor reserva de agua dulce, de biodiversidad, de minerales e hidrocarburos, los voraces ojos de las transnacionales y los países ricos se dirigen a él. Y en su afán destructivo de acumulación individual, pisotean los derechos de los pueblos indígenas y de la Madre Tierra. 

Para eso los Estados imponen un modelo económico neoliberal en constituciones y leyes que arrasan con los derechos humanos y colectivos y otorgan todo tipo de facilidades para la inversión extractivista. Por eso acuerdan megaproyectos en el marco de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), como la hidroeléctrica de Inambari en el Perú y la de Belo Monte en Brasil, como la carretera del TIPNIS en Bolivia, multiplicando los conflictos sociales. 

La minería se instala en nuestras cabeceras de cuenca, contaminando nuestras aguas, nuestras tierras, nuestro aire. Destruye nuestras actividades de subsistencia como la agricultura y la ganadería. Nuestra Amazonía está lotizada para las empresas de gas y petróleo. 

Todo esto se agrava con la crisis climática que pone en riesgo todas las formas de vida. Nuestros glaciares se derriten y en poco tiempo pueden desaparecer, secando la Madre Tierra. 

Los bienes naturales estratégicos están en los territorios de los pueblos indígenas y por eso militarizan nuestros territorios, criminalizan el ejercicio de nuestros derechos, nos reprimen, crean leyes penales, nos procesan judicialmente, nos encarcelan, nos matan. 

Pero los pueblos indígenas no somos más invisibles. Hemos pasado de la resistencia a la propuesta y la acción, nos hemos visibilizado, articulado. Contamos con nuestros saberes y prácticas ancestrales que nos permitieron conservar y enriquecer la biodiversidad con la que nos bendijo la naturaleza, contamos con derechos reconocidos por tratados internacionales: al territorio y la libre determinación, de los cuales emanan el derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado, a decidir nuestra forma de vivir y sobre nuestros bienes naturales. Tenemos propuestas para enfrentar la crisis de la civilización occidental y la crisis climática: el Buen Vivir en diálogo y armonía entre los pueblos y con la Madre Tierra, que ofrecemos al mundo para salvar a todas las formas de vida. 

Saludamos las movilizaciones que hoy recorren el continente y otras latitudes. Y desde nuestros principios, saberes y prácticas ancestrales, desde nuestra visión de futuro, llamamos a todos los pueblos del mundo a unir fuerzas en defensa de la vida. A prepararnos para consensuar propuestas rumbo a la Conferencia Mundial sobre Cambio Climático, COP17 de Durban, Sudáfrica (diciembre 2011) y Río+20 (junio 2012), para que los causantes de la crisis climática en el mundo asuman su responsabilidad histórica, paguen la deuda climática y asuman compromisos firmes que ataquen las causas y no lo síntomas de la destrucción que ocasionan. 


Por todo lo anterior, hoy 12 de octubre, en la IV Minga Global por la Madre Tierra, en cada rincón del Abya Yala y otras partes del mundo, levantamos nuestras voces y unimos nuestras manos en defensa de la vida, por los derechos de la Madre Tierra, por el pleno ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas, contra la imposición de las actividades extractivas. Por la construcción colectiva del Buen Vivir. 

 

En defensa de la vida… ¡No a la minería, no a las falsas soluciones al cambio climático… Sí a la libre determinación de los pueblos indígenas! 

Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI), Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), Consejo Indígena de Centro América (CICA), Consejo Indígena de Meso América (CIMA), CONACAMI, CONAMAQ, ECUARUNARI, ONIC, FOCO, FUNDAMAYA, COMKADES, No a la Mina, CRIC, CONAFROIC, CRIDEC, CONAVIGUA, Minga Informativa de los Movimientos Sociales, TONATIERRA, Peruanos en Acción, Movimiento Indígena Nacional (México), Grito de los Excluidos, Plataforma 12 de Octubre: ¡Nada qué celebrar!, GTEPIC-15M, SICSAL, ECOPORTAL, Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, otras organizaciones indígenas del Abya Yala.

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